Las cifras de mujeres asesinadas por violencias machistas siguen en aumento.
En lo que va de año son 27 las mujeres asesinadas por hombres que eran sus parejas o ex-parejas. Esas son las cifras que maneja el gobierno.
Pero este se olvida de contar, entre otras, a la mujer que fue asesinada el pasado 18 de mayo en Albacete por denunciar al maltratador de su sobrina. No se contabiliza porque según la ley de violencia de género de 2004 solo considera violencia de género aquella que se da en el seno de la pareja o ex-pareja. Algunas asociaciones feministas calculan que el número de personas asesinadas en 2017 por violencia machista asciende a 42.
Mientras se está trabajando por un Pacto de Estado sobre Violencia de Género, las cifras no hacen más que aumentar. Hay que evaluar como se aplica la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004. Han pasado 13 años y los obstáculos, la falta de diligencia por parte de las autoridades en la investigación y la persecución de crímenes siguen presentes, como bien recoge Amnistía Internacional.
Más de 890 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas desde el 1 de enero de 2013. Estas cifras deberían ser la vergüenza de cualquier gobierno. Un gobierno que recorta las partidas presupuestarias destinadas a las políticas contra la discriminación y la violencia machista. En el Estado Español, 2.5 millones de mujeres han sufrido en alguna ocasión violencia de pareja y 1.5 millones sufre violencia sexual fuera de ella. El gobierno va a destinar un triste 0.01% del presupuesto del 2017 (47.47 millones de euros de los presupuestos del Estado para combatir la violencia machista.). Por supuesto que desde Femiagenda nos sumamos a lo señalado por los distintos colectivos feministas de que ese 0.01% es una ofensa y reclamamos la modificación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
Se necesita un Pacto de Estado para terminar con la lacra que supone las violencias machistas y vemos como lo que frena al gobierno a llevarlo a cabo son las partidas presupuestarias. Para las medidas de ese Pacto de Estado, es decir, para la lucha integral contra la violencia machista y su prevención, el gobierno del PP va a destinar cero euros.
En octubre de 2017 debería estar el Pacto en marcha para que se cumplan los compromisos del Convenio de Estambul. Para ello, las formas de violencia contra las mujeres que recoge la actual ley de 2004 deben ampliarse más allá de la pareja.
Pero además el Pacto de Estado debe abarcar y cubrir: la educación en igualdad; las campañas de prevención en los medios de comunicación, las entidades locales y los servicios sociales; la mejora de coordinación de los agentes intervinientes en el proceso de atención a las víctimas; la formación del personal de los centros de salud; debe reorganizar el trabajo de los Juzgados de Violencia, mejorar la especialización judicial y crear unidades de valoración forense en aquellas comunidades autónomas que no tienen. Se necesita invertir en dispositivos de seguridad específicos que funcionen adecuadamente, facilitar el acceso de las víctimas a sistemas de seguridad y atención de servicios sociales sin que haya resolución judicial. Mejorar la respuesta institucional a las mujeres que se acercan a demandar ayuda y dotar a los Ayuntamientos de competencias en materia de igualdad para reforzar los centros de la mujer.
Y para todo eso el presupuesto del gobierno es cero, mientras que las cifras de las mujeres asesinadas son lo único que aumentan.
Femiagenda 30-Mayo-2017